Por estos meses, las promesas electorales empiezan a ocupar buena parte de la conversación pública. Hospitales, carreteras, sistemas de agua y saneamiento, mercados, infraestructura deportiva, apoyo al sector agropecuario, proyectos turísticos, seguridad, empleo y nuevas oportunidades para las regiones forman parte del repertorio habitual de cualquier campaña.

Y no hay nada extraño en ello. Una elección también es un espacio para discutir qué país, región o ciudad queremos construir y qué problemas deberían ser atendidos con mayor urgencia.

La pregunta parece sencilla, pero su respuesta rara vez lo es. Una promesa puede expresarse en una frase de pocos segundos. Convertirla en una política pública puede requerir años de planificación, estudios, financiamiento, contratación, ejecución, supervisión y, finalmente, operación y mantenimiento.

En otras palabras, una promesa electoral puede ser políticamente sencilla, pero económicamente compleja. Y existe una segunda pregunta que resulta todavía más importante:

Porque el costo de una intervención pública no termina necesariamente cuando se inaugura una obra. Un hospital requiere médicos, enfermeras, personal administrativo, medicamentos, equipamiento, servicios básicos y mantenimiento. Una carretera requiere conservación. Una planta de tratamiento necesita operación y mantenimiento. Una infraestructura deportiva necesita personal, seguridad, servicios y recursos para conservar sus activos.

Por ello, hablar de inversión pública únicamente desde el monto necesario para construir una infraestructura puede conducir a una visión incompleta. Desde una perspectiva económica, interesa analizar el costo total asociado a la prestación sostenible del servicio.

El presupuesto no es infinito

El Presupuesto del Sector Público para 2026 asciende a S/ 257 561,6 millones. De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, los impuestos representan el 75,1 % de los ingresos presupuestarios y el endeudamiento el 12,4 %. Por el lado del gasto, las planillas representan el 42,9 % y el gasto de capital el 21,8 %.

Estas cifras permiten recordar algo elemental en economía: los recursos son limitados y las necesidades son múltiples.

Por eso, cuando una propuesta plantea construir un hospital, una carretera o una planta de tratamiento, no basta con preguntar si la obra es necesaria. También debemos preguntarnos cuánto costará, cómo se financiará y qué otras necesidades compiten por esos mismos recursos.

Esto último es el conocido costo de oportunidad. Cada sol público utilizado para una finalidad deja de estar disponible, al menos en el margen, para otra. No significa que una inversión deba descartarse porque tenga un costo elevado. Significa que las decisiones públicas deben comparar necesidades, beneficios esperados, costos y restricciones presupuestarias.

El presupuesto, por tanto, no es simplemente una lista de deseos convertidos en cifras. Es un mecanismo de asignación de recursos escasos entre múltiples necesidades sociales.

Por eso, el debate económico no debería limitarse a cuánto cuesta una propuesta. Debería preguntarse también: ¿Qué problema resuelve?, ¿a cuántas personas beneficia?, ¿qué alternativas existen?, ¿cuál es el costo por beneficiario?, ¿qué beneficios económicos y sociales genera?, ¿quién financiará su operación y mantenimiento? Y, especialmente, ¿qué dejamos de financiar cuando destinamos esos recursos a esta intervención?

Una necesidad no es todavía un proyecto

Aquí aparece uno de los errores más frecuentes en el debate público: confundir una necesidad con una solución.

Decir “necesitamos un hospital” puede ser perfectamente razonable. Pero desde la perspectiva de la inversión pública todavía estamos ante la identificación de una necesidad o una brecha, no ante un proyecto completamente definido.

Antes de llegar a una obra existen preguntas fundamentales. ¿Cuál es la población afectada? ¿Qué servicio presenta la brecha? ¿Cuál es la alternativa técnica más adecuada? ¿Dónde debe localizarse la intervención? ¿Cuál es su costo? ¿Quién será responsable de ejecutarla? ¿Quién la operará? ¿Qué recursos humanos necesitará? ¿Cuánto costará mantenerla? ¿Cuál será su vida útil? ¿Qué nivel de servicio se espera alcanzar?

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte.pe, organiza la inversión pública bajo una lógica de ciclo, que comprende la Programación Multianual de Inversiones, la Formulación y Evaluación, la Ejecución y el Funcionamiento.

La programación busca vincular el planeamiento estratégico con el proceso presupuestario y orientar la cartera hacia el cierre de brechas prioritarias; mientras que la formulación y evaluación consideran, entre otros aspectos, la pertinencia técnica, la rentabilidad social y las condiciones de sostenibilidad.

El verdadero costo de una obra no está solamente en el cemento

Existe además una distinción que debería tener mayor presencia en el debate electoral: el costo de construir no es necesariamente igual al costo de prestar el servicio.

Supongamos que un gobierno anuncia la construcción de un nuevo establecimiento de salud por S/ 200 millones. El anuncio podría generar una cifra políticamente atractiva: “invertiremos S/ 200 millones en salud”. Pero económicamente la pregunta apenas comienza.

¿Cuánto costará equiparlo? ¿Cuánto costará contratar al personal? ¿Cuánto costarán los medicamentos y materiales? ¿Cuánto costará mantener la infraestructura? ¿Cuánto costará renovar los equipos? ¿Cuánto costará garantizar los servicios básicos? ¿Cuánto costará operar el establecimiento durante los próximos diez, veinte o treinta años?

Esta diferencia es fundamental porque una inversión pública genera activos, pero el objetivo final del Estado no es acumular activos físicos. El objetivo es que esos activos permitan prestar bienes y servicios públicos de manera efectiva y sostenible.

La fase de funcionamiento comprende la operación y mantenimiento de los activos generados por la inversión y la provisión de los servicios implementados. Por eso, una pregunta técnicamente más completa que “¿cuánto cuesta construirlo?” sería:

El costo de oportunidad también existe dentro de una región

El costo de oportunidad adquiere una dimensión especialmente importante en los gobiernos regionales y locales. Una municipalidad puede tener múltiples problemas simultáneos: agua y saneamiento, vías, residuos sólidos, seguridad ciudadana, mercados, infraestructura educativa, salud, desarrollo productivo y espacios públicos.

Pero sus recursos no crecen al mismo ritmo que sus necesidades. Por ello, la decisión pública implica necesariamente priorizar.

Si un gobierno local decide destinar una parte importante de su presupuesto a un complejo deportivo, esos recursos no podrán utilizarse simultáneamente para financiar otra intervención de similar magnitud. Esto no significa que el complejo deportivo sea innecesario ni que la otra intervención sea necesariamente más importante. Significa algo más básico:

La economía pública estudia precisamente este problema: cómo asignar recursos escasos para maximizar el bienestar social bajo restricciones presupuestarias.

En consecuencia, el debate electoral debería evolucionar desde la lógica de “qué obras vamos a hacer” hacia una discusión más rigurosa sobre
qué problemas vamos a resolver, con qué recursos, mediante qué alternativas y con qué resultados esperados.

No todo gasto de capital es automáticamente una buena inversión

Otro punto que debería incorporarse al debate es que gastar más en infraestructura no significa necesariamente invertir mejor.

Una obra puede ejecutarse y, aun así, generar beneficios inferiores a los esperados. Puede existir infraestructura subutilizada, activos que no cuentan con mantenimiento suficiente, proyectos cuya demanda fue sobreestimada o intervenciones que no solucionan integralmente el problema que motivó su creación.

Por ello, la calidad de una inversión no debería medirse únicamente por el monto ejecutado. Una evaluación más completa debería considerar:

• La magnitud de la brecha que se busca cerrar.
• La población efectivamente beneficiada.
• La calidad y continuidad del servicio.
• La pertinencia de la alternativa técnica.
• El costo de inversión.
• Los costos de operación y mantenimiento.
• Los beneficios sociales esperados.
• La sostenibilidad financiera e institucional.
• El plazo de ejecución.
• Los resultados obtenidos una vez que la infraestructura entra en funcionamiento.

Esto nos lleva a una conclusión importante:
el éxito de una inversión pública no debería medirse únicamente por haber terminado una obra, sino por haber logrado resolver o reducir de manera significativa el problema que justificó su existencia.

La obra no termina cuando se inaugura

Quizá una de las preguntas más importantes que debería hacerse durante una campaña es una que pocas veces aparece en los discursos:

Supongamos que una administración consigue financiar y construir un establecimiento de salud. La inversión no termina necesariamente con la entrega de la infraestructura. A partir de ese momento habrá que financiar personal médico y administrativo, medicamentos, servicios básicos, mantenimiento, limpieza, seguridad, equipos, reposición de activos y otros gastos necesarios para garantizar que el establecimiento preste efectivamente el servicio para el cual fue creado.

Lo mismo ocurre con una planta de tratamiento de agua, una carretera, un mercado, un sistema de riego o una infraestructura deportiva. Una carretera que no recibe mantenimiento pierde progresivamente su funcionalidad. Una planta que no tiene recursos para operar no garantiza el servicio. Un hospital sin personal o equipamiento suficiente puede convertirse en infraestructura subutilizada.

Tener presupuesto tampoco garantiza resultados

Existe otra confusión frecuente: pensar que el problema se resuelve cuando se consigue presupuesto.

La experiencia de la inversión pública muestra que entre disponer de recursos y convertirlos en servicios existe una diferencia importante.

El desempeño de la inversión pública no depende únicamente del volumen de recursos disponibles, sino también de la capacidad de las entidades para programar, formular, contratar, ejecutar y supervisar las inversiones.

Esto nos lleva a una variable que suele quedar fuera del discurso electoral:
la capacidad institucional.

¿La entidad tiene profesionales para formular y gestionar el proyecto? ¿Cuenta con capacidad para elaborar o contratar estudios? ¿Puede realizar adecuadamente el proceso de contratación? ¿Tiene capacidad de supervisión? ¿Puede resolver oportunamente problemas contractuales? ¿Cuenta con recursos para operar y mantener el activo una vez culminado?

Una administración pública puede disponer de recursos financieros y, sin embargo, enfrentar restricciones técnicas, institucionales o de gestión. Por eso, el presupuesto financia una intervención, pero la capacidad institucional ayuda a convertir ese presupuesto en resultados.

El tiempo también cuesta

Hay otro componente que suele desaparecer de las promesas: el tiempo.

Un proyecto de inversión no necesariamente se formula, contrata y ejecuta dentro de un periodo corto. Puede requerir estudios, saneamiento físico-legal, certificaciones, permisos, expediente técnico, contratación, ejecución y puesta en funcionamiento.

Esto tiene una consecuencia importante para el debate electoral. Prometer una obra para un determinado periodo de gobierno no significa necesariamente que esa obra pueda estar terminada dentro de ese mismo periodo. La programación debe considerar el ciclo completo de la inversión y las condiciones reales de ejecución.

¿Cuánto cuesta no hacer nada?

Pero tampoco debemos caer en el extremo contrario. El análisis económico no consiste simplemente en contabilizar cuánto dinero costará una inversión. También debemos preguntarnos:

Si una población carece de agua potable, existe un costo social y económico asociado a esa carencia. Si una carretera en malas condiciones incrementa los tiempos y costos de transporte, existe un costo para productores y consumidores. Si una ciudad carece de infraestructura adecuada para gestionar sus residuos, existen impactos económicos, ambientales y sanitarios.

Por ello, una evaluación económica seria debe comparar alternativas. No hacer una inversión también puede tener un costo.

Una promesa debería poder pasar una prueba económica

Quizá sería útil que, frente a cualquier propuesta electoral, los ciudadanos pudiéramos realizar una pequeña prueba de siete preguntas:

El verdadero costo de una promesa

Las campañas electorales inevitablemente simplifican los mensajes. Es comprensible: una propuesta debe poder ser comunicada de manera rápida a millones de personas. Pero la gestión pública no funciona con la misma lógica.

Un gobierno no administra slogans. Administra recursos públicos. Y esos recursos tienen origen en los impuestos, en los ingresos generados por el Estado, en los recursos naturales, en transferencias y, cuando corresponde, en endeudamiento.

Cada decisión presupuestaria tiene implicancias presentes y futuras. Por eso, quizás ha llegado el momento de que el debate electoral incorpore una pregunta adicional.

No solamente: “¿Qué propone hacer?”

Sino también: “¿Cuánto cuesta, cómo se financiará, cuánto demorará, quién lo ejecutará y cómo se sostendrá?”

Una ciudadanía económicamente informada no necesita aceptar o rechazar automáticamente una promesa. Necesita tener suficientes elementos para analizarla.

Porque una carretera, un hospital, una universidad, un sistema de agua, un proyecto de riego o una intervención productiva no son solamente anuncios políticos. Son decisiones sobre recursos escasos.

Y allí aparece la verdadera esencia de la economía pública: asignar recursos limitados entre necesidades múltiples buscando generar el mayor bienestar posible para la sociedad.